Comienzo, en honor ya sólo al honor -personal como periodístico-, por el proverbial full disclosure: Presunto culpable no es sólo una cinta que concita mi admiración como espectador sino una con la que me unen lazos entrañables. Entre sus productores figuran Martha Sosa, quien un día fuera mi cuñada y nunca dejará de ser familia para mí, y Nicolás Vale, que es mi primo hermano (y aquí la palabra a subrayar es hermano). Aun así, no es la mía una postura acrítica de su trabajo: muchas son las cosas que no me gustan de la primera película que produjo su empresa La Sombra del Guayabo –-Los que se quedan, documental de Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman sobre las familias de los migrantes mexicanos a Estados Unidos- y así se los he hecho saber y así lo he dicho en público.
Ésta, en cambio, me pareció excepcional desde que la viera por primera vez, muchos meses antes de su estreno. Lo que más me gustó de ella es de lo que menos se ha hablado: la forma en que está contada, mérito de la osadía de los abogados Roberto Hernández y Layda Negrete, quienes sin mayor conocimiento cinematográfico que el instructivo de una cámara casera se lanzaron a documentar un caso sintomático de los problemas de impartición de justicia en nuestro país, pero también -y acaso sobre todo- del cineasta británico Geoffey Smith, cuyo dominio del lenguaje fílmico permitiría contar la historia sin recursos trillados, sin trampas evidentes, sin efectismo. Pero casi tanto me entusiasmó el caso mismo -no su desarrollo sino el hecho de que fuera expuesto y lo que de él se desprende: la de Presunto culpable es la historia de un chico sepultado por un aluvión de evidencia circunstancial y de mala fe, acusado de un crimen que no sólo no cometió sino que no tenía manera de cometer, privado de su libertad por 10 años sin deberla ni temerla, ultrajado por jueces desidiosos o malintencionados (a saber), sacrificado por un sistema judicial no sólo poco ético -en México no hay presunción de inocencia- sino poco eficaz.
Me dio gusto el éxito inicial de Presunto culpable pero más gusto me da lo que el destino y la estupidez (no necesariamente en ese orden) le deparan ahora. Pese a lo que afirman los apocalípticos, la cinta no ha sido censurada: tiene permiso de exhibición y no le ha sido revocado. Lo que sucede es que un testigo amañado -el personaje más oscuro de la película- demandó a los productores por usar su imagen, olvidando que un juicio es cosa pública y que no es preciso autorizar la grabación y difusión de un acto público, y que una juez -qué casualidad- dio por bueno su argumento y procederá a pedir a la Secretaría de Gobernación su retiro de las pantallas. El Ejecutivo federal ha dicho ya que acatará la decisión cuando le sea informada pero también que la impugnará, por lo que no hay aquí razones para gritar censura. Clamemos entonces estupidez: quien convenció a un adolescente ignorante de interponer tal demanda -no puede ser más que un actor del sistema judicial- ha hecho un favor no sólo a Presunto culpable sólo Jorge Serrano Limón resultó mejor publicista cuando El crimen del Padre Amaro- sino a la posibilidad urgente de reforma del sistema mismo. ¿Se retirará de la exhibición? Lo dudo: a estas alturas la presión pública no lo permitiría. ¿La verá más gente? Seguro. ¿Y todo esto subirá el tema a la agenda pública y redundará en presión para atenderlo? Ya está hecho. ¿Entonces? Celebremos.
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